Si tienes conocimiento de la publicación en internet de fotografías, vídeos o audios de contenido sexual o violento cuya difusión ilícita pone en grave riesgo los derechos y libertades o la salud física y/o mental de las personas afectadas, puedes solicitar su retirada inmediata en el Canal prioritario de la Agencia.

 

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La violencia tiene lugar en los ámbitos más cotidianos de la vida de un niño: en el ámbito familiar, en la escuela, en espacios deportivos, en Internet, y solo se podrá evitar consiguiendo entornos seguros.

 

Cuando la violencia se produce, resulta fundamental su rápida identificación y una atención lo más eficaz posible. En esta guía encontrarás las claves principales de la nueva legislación, verás de qué manera protege a nuestros hijos e hijas, y conocerás cómo nos hace a todos parte de la solución.

 

Esta ley es un instrumento crucial para la protección de los niños, niñas y adolescentes ante la creciente violencia que les afecta de forma directa y desproporcionada.

El Tribunal Supremo ha definido, en una reciente sentencia, las condiciones que deben darse para considerar que existe maltrato habitual dentro de una pareja . Se trata de una situación alimentada por un clima de "insostenibilidad emocional", que se crea por una "violencia psicológica de dominación" y es ejercida mediante violencia física, verbal y sexual.

 

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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha fijado en una reciente sentencia (STS119/2019, de 6 de marzo) una serie de criterios orientativos a tener en cuenta ante la declaración de las víctimas en el proceso penal. Y en este caso concreto analizado en la sentencia, en los casos de víctimas de delitos de violencia de género, destacando entre otros factores a considerar la percepción de la seguridad en la declaración ante el Tribunal por el interrogatorio del Ministerio Fiscal, letrado/a de la acusación particular y de la defensa, la concreción en el relato de los hechos ocurridos objeto de la causa, la claridad expositiva ante el tribunal, el “lenguaje gestual” de convicción.

 

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En marzo de 2017, el Instituto Nacional de la Excelencia para la Salud y la Atención del Reino Unido (National Institute for Health and Care Excellence, NICE) ha publicado la guía de práctica clínica para la atención de la salud mental de adultos en contacto con el sistema de justicia penal (Mental health of adults in contact with the criminal justice system; NG66).

La guía cubre la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de salud mental de adultos, por encima de los 18 años, que están en contacto con el sistema de justicia por actos delictivos. El objetivo de la guía es establecer los principios basados en la evidencia para el abordaje de los trastornos de salud mental de este colectivo y proporcionar un plan de atención coordinado a lo largo de su proceso dentro del sistema de justicia.

 

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La nueva herramienta de valoración, realizada en colaboración con un equipo de investigadores del Instituto de Ciencias Forenses y Seguridad (ICFS) de la Universidad Autónoma de Madrid, contará con 39 indicadores en vez de los 16 que se contemplan en el protocolo policial actual, denominado VioGen. Entre los nuevos indicadores se incluyen factores asociados a las conductas del agresor (comportamiento de control psicológico, económico o laboral, acoso a través de las redes sociales, celos exagerados …), a las características individuales de la víctima (presencia de discapacidad, embarazo o trastorno mental, falta apoyo familiar, ideas de suicidio…), a la evaluación de la evolución del riesgo (si la mujer ha iniciado una nueva relación sentimental, si tiene menores a su cargo, si está en trámites de separación o divorcio…) y a  la situación laboral de la víctima y del agresor.  Este nuevo protocolo, que pretende sustituir al protocolo VioGen,  podría entrar en vigor en un plazo de 6 meses en “periodo de prueba”, hasta que se extienda su uso en todo el territorio en la próxima legislatura.

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El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), abierto a la firma en Estambul el 11 de mayo de 2011, entrará en vigor de forma general y para España el 1 de agosto de 2014, ya que se ha alcanzado el número mínimo de diez Estados miembros de la organización que lo han ratificado, tal y como estipula el artículo 75 del Convenio.

 

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El pasado mes de diciembre, la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, debatió y aprobó una Proposición No de Ley “relativa al establecimiento de unos requisitos mínimos en la formación de psicólogos forenses y otros peritos judiciales”, presentada por el Partido Popular.

Según afirma este Grupo Parlamentario, la actual Ley Orgánica del Poder Judicial, al regular los operadores jurídicos que tratan con la Administración de Justicia, no estipula “cuáles han de ser los requisitos de formación en materia jurídica” de estos profesionales ni el tipo de actuaciones que deben llevar a cabo.

Concretamente, en relación con los psicólogos que realizan su actividad en el marco de la Administración de Justicia, la iniciativa subraya la necesidad de que este colectivo cuente con una formación específica en materia jurídica, dada la importancia del papel que juegan dichos profesionales en esta área -por cuanto su labor de asesoramiento y peritaje psicológico resulta imprescindible en el proceso de toma de decisiones de jueces y partes implicadas en los procesos judiciales-.

 

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La División de Psicología Jurídica (PsiJur) ha sido creada por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos (COP) para unificar, a nivel nacional, a los profesionales del ámbito de la intervención en Psicología Jurídica. El objetivo que persigue es coordinar, integrar y desarrollar las actividades científico-profesionales de los colegiados/as especializados/as en dicha área.

 

En síntesis, se busca la optimización de los recursos disponibles y una mejora constante de los conocimientos y competencias profesionales, para el colegiado/a profesional del área, con el fin de ofrecer y garantizar a la sociedad un servicio de calidad, potenciando, además, la acreditación y formación continuada de las competencias profesionales en la materia.

 

La División también desempeñará una función de asesoramiento ante los diferentes Órganos de Gobierno del Consejo General de COP, en todas aquellas cuestiones relativas a nuestro ámbito disciplinar.

 

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• Información general
• Reglamento interno
• Formulario incorporación

Renovación de la  Junta Directiva de la AIPJ en la Asamblea del Congreso de Ecuador 2012

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El COP junto con la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF) ha enviado al Ministerio de Justicia una denuncia conjunta, por "las prácticas de injerencia profesional en las competencias propias del psicólogo en el ámbito forense". En el escrito, dichas entidades han hecho especial referencia a ciertas anomalías observadas en el diseño y aplicación de los protocolos de valoración en asuntos de violencia de género, implantados por el Ministerio de Justicia, que interfieren o limitan las competencias profesionales de los psicólogos que trabajan en los servicios de la Administración de Justicia y donde se atribuyen determinadas competencias de evaluación psicológica a los médicos forenses, entre otras cuestiones.

 

Tal y como hemos anunciado hace unos días a través de Infocop, el pasado 26 de septiembre el Ministerio de Justicia anunció la puesta en marcha del primer Protocolo Médico-forense de Valoración Urgente del Riesgo de Violencia de Género, en el que se asigna la función de valoración del riesgo de violencia a los médicos forenses, mediante un procedimiento de recogida de datos y la aplicación de la Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja Revisada (EPV-R) del catedrático Enrique Echeburúa.

 

Desde que la organización colegial tuvo conocimiento de los primeros trabajos para la elaboración de dicho protocolo, el pasado mes de julio, se puso en contacto con la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Doña Caridad Hernández García, ofreciendo su colaboración para el perfeccionamiento del protocolo y solicitando una entrevista. Sin embargo, y a pesar de la disposición ofrecida, la entrevista no tuvo lugar hasta el 21 de octubre, un mes después de que se implantara dicho protocolo, por lo que las propuestas y demandas de la organización colegial no han quedado recogidas en dicha herramienta.

 

Dadas las serias repercusiones que conlleva, el COP ha remitido una nueva carta a la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, en la que hace constar que las tareas que están vinculadas al análisis y evaluación del comportamiento de víctimas, testigos o imputados son intrínsecamente propias de la Psicología, por lo que los psicólogos son los profesionales mejor formados para realizarlas, tal y como llevan haciendo desde hace más de 25 años dentro de la Administración de Justicia.

 

A su vez, en dicho escrito, el Colegio expresa su desconcierto al haberse omitido a los psicólogos en la elaboración del Protocolo de Valoración Urgente del Riesgo de Violencia de Género, teniendo en cuenta además que el propio Sindicato Profesional de Médicos Forenses -en una carta remitida a Dña. Caridad Hernández- reconocía que nunca antes habían realizado esta labor.

 

Esta carta ha sido acompañada de un listado de firmas de psicólogos que se encuentran actualmente trabajando dentro de la Administración de Justicia, quienes de este modo han manifestado su profundo malestar ante la situación creada.

 

Además, y tal y como hemos indicado anteriormente, el COP junto con la Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF) ha enviado al Ministerio de Justicia una denuncia conjunta, por "las prácticas de injerencia profesional en las competencias propias del psicólogo en el ámbito forense", especialmente detectadas en los protocolos de valoración de asuntos de violencia de género que el Ministerio de Justicia ha implantado.

 

Ambas entidades expresan su preocupación por las implicaciones de la puesta en marcha de dichos protocolos ya que, además de provocar una "división arbitraria de las funciones de los distintos profesionales de las unidades de valoración forense", pueden repercutir seriamente en la calidad de los resultados de las tareas periciales, al no estar vinculadas las tareas de evaluación psicológica a los profesionales que mejor están formados para realizarlas, esto es, a los profesionales de la Psicología.

 

Por todo ello, el COP y la SEPJF reclaman la competencia del psicólogo en las tareas asociadas a la evaluación psicológica de las víctimas, a la evaluación psicológica de la credibilidad del testimonio (ya que esta técnica fue creada desde el ámbito de la Psicología y requiere que el profesional que la lleve a cabo sea altamente competente y disponga de práctica y conocimientos plenamente actualizados) y a la predicción del comportamiento violento y la valoración del riesgo o la peligrosidad.

 

Asimismo, recuerdan al Ministerio de Justicia el requisito de que sólo los licenciados en Psicología pueden firmar o defender un informe psicológico, tras observar irregularidades en algunos servicios, en los que los informes psicológicos están siendo defendidos en Sala por médicos.

 

Tanto el COP como la SEPJF desean que se resuelvan de manera inmediata estas anomalías en bien de la justicia y del buen desempeño profesional.

Esta asociación se creó en 1993 con la idea de desarrollar la Psicología Jurídica, especialidad incipiente en aquellas fechas, ¿qué objetivos se planteaban en aquel entonces?

 

En primer lugar, auscultar el nivel de conocimientos de los psicólogos jurídicos en los distintos países de Iberoamérica. Valorar la homogeneidad de los mismos. Establecer relaciones científicas para vehicular conocimientos y entablar relaciones humanas.

 

Nació con la voluntad de reunir siempre a profesionales que ejerzan su labor en el ámbito jurídico y forense, expertos valorados por sus colegas psicólogos y por otros profesionales tales como magistrados, fiscales, abogados…

 

Uno de los grandes impulsores, que fue Presidente de esta Asociación, es el reconocido colega y amigo D. Juan Romero, psicólogo de la cárcel de Pamplona.

 

La Asociación desde el primer día ha crecido, se ha enraizado en los distintos países, ha establecido muchas relaciones entre sus socios, ha publicado libros que recogen las conferencias y ponencias de los distintos congresos bianuales, ha establecido relaciones con otras asociaciones del ramo ya sean británicas, norteamericanas, alemanas, así como con ámbitos como la criminología.

 

Como experto quiero destacar algo muy positivo que es no sólo que hemos crecido, sino que las personas que empezamos hace ya 14 años continuamos en la asociación, como prueba inequívoca de interés y sedimentación de conocimientos, los cuales quedan reflejados, entre otros, en el Tratado de Psicología forense publicado por la editorial Siglo XXI, (2002) y que recoge la aportación de más de 60 profesionales.

 

Cómo representante de la agrupación iberoamericana, ¿qué objetivos se propone hoy en día la AIPJ? ¿Qué objetivos quedan por alcanzar o afianzar desde aquella primera propuesta de 1993?

 

Seguimos desarrollando nuestra ciencia y nuestro saber diagnóstico y tratamental. Es importante conseguir ser eficaces, valorados por los operadores jurídicos y por la ciudadanía.

Esta asociación ha visto crecer el ámbito de la mediación, la atención a las víctimas, la credibilidad del testimonio, la autopsia psicológica, la ratificación… y ahonda en transmitir estudios, tesis, investigaciones, aprendizajes en el trabajo cotidiano, ya sea en el despacho, en la prisión, en las fuerzas de seguridad, en las fuerzas armadas, en las clínicas médicoforenses, en los juzgados…para conseguir mayor solidez y eficacia.

Somos humildes pero conscientes de nuestra misión, pues la Psicología Jurídica es respetada, valorada y ensalzada por quien demanda su actuación.

En algunos países iberoamericanos la semilla ha germinado pero las legislaciones, los medios materiales, la falta de continuidad en los puestos políticos, la carencia de una forma preestablecida de acceso a cargos técnicos, dificulta su eclosión. En ese sentido, la Asociación va a trabajar con el poder judicial y legislativo de esos países.

Creemos que cabe hacer partícipes a todos los psicólogos, no sólo a los jurídicos, de los eventos, conferencias, encuentros que se realicen y de temas que a todos interesan, que van desde la Declaración de los niños en las salas judiciales hasta el apoyo a las fuerzas de seguridad para detener, dadas sus características, a los violadores o asesinos en serie.

 

España ha propugnado aspectos específicos como el que psicólogos jurídicos hayan sido parte determinante de leyes orgánicas como la 5/2000 Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor. Así mismo, queremos extender posibilidades como la que nos permitió editar el libro Jauría Humana, Cine y Psicología,(editado por Gedisa, en 2004) donde juristas, expertos en cine y psicólogos jurídicos se adentraron en el contenido de películas que tienen mucho que ver con nuestro tema.

 

¿Qué supone para usted desempeñar, a partir de ahora, este cargo, como representante de los psicólogos jurídicos españoles?

 

Un honor, una alegría, una motivación y un reto.

 

Soy consciente de que he sido elegido por unanimidad, lo que me concede un importante margen de maniobra. Además, la Psicología Jurídica española es reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras.

 

Añádase a ello que cuento con el apoyo explícito de la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios de Psicólogos de España. Quisiera, en ese sentido, agradecer que su Decano D. Francisco Santolaya Ochando se haya desplazado hasta Bogotá, Colombia, para participar en el último Congreso que hemos celebrado.

 

El próximo evento se realizará en Yucatán (México) o en Tenerife con la colaboración inestimable del Colegio Oficial de Psicólogos de la Isla.

 

Referencias bibliográficas como el Anuario de Psicología Jurídica, editado por el Colegio de Psicólogos de Madrid, nos propician una garantía en nuestro obrar.

 

Tenemos mucho que aportar y no menos que aprender, véanse temas específicos como los secuestros express, tortura, etc.

 

Como psicólogo de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Vocal del Comité de Ética del COP de Madrid, y parte integrante de Euro-Psy, creo poder establecer sinergias provechosas.

 

Me ilusiona que nuevos profesionales españoles aborden nuevas y complejas temáticas como el Síndrome de Alienación Parental, etc.

 

Muy en relación con las demandas sociales del momento, las necesidades a las que tienen que atender las Ciencias Jurídicas no siempre son las mismas. En este momento, en el ámbito internacional, las garantías de los Derechos Humanos, de la Mujer, la Protección de la Infancia y la Adolescencia, etc. son temas de máxima actualidad, en un mundo cada vez más globalizado ¿De qué manera puede contribuir la Psicología Jurídica para garantizar los derechos de los/as ciudadano/as y contribuir en la construcción de sistemas jurídicos y legales más equitativos en nuestros países?

 

Parto del criterio de que los psicólogos jurídicos, además de expertos peritos, son profesionales comprometidos con la ciudadanía en general y con cada persona en particular, de forma muy marcada cuando dichas personas son victimas de segregación o injusticia.

 

La Psicología Jurídica, al igual que el Derecho, tiene por objeto a la persona y, sin retirar la venda que cubre a la Justicia y defiende su objetividad, le sirve para entender cada caso en particular, para trascender lo que encorsetadamente está en un código.

 

La Psicología Jurídica en algunos momentos rompe la costura de la Ley. Coparticipa con el legislador, aproxima la vivencia de víctimas, testigos e inculpados. Humaniza el Derecho.

 

La Psicología Jurídica aporta a otras ciencias el saber de otras ramas de la Psicología que nos enriquecen con su sabia.

 

Para ser un buen psicólogo jurídico hace falta saber mantener la neutralidad, la distancia óptima, pero implicándose, no siendo aséptico. Ha de dominarse el miedo.

 

Para finalizar, ¿cómo valora el estado actual de la Psicología Jurídica en España?

 

Como sobresaliente. Cada día son más los profesionales que se desarrollan en este campo laboral y lo hacen con una demostrada cualificación. Piénsese que son, de hecho, examinados día a día en el desarrollo cotidiano de su labor.

 

Considero que las Universidades han comenzado a formar desde un tercer ciclo para desarrollar esta complicada y específica labor.

 

Cabe conseguir acuerdos por parte del Consejo General de Colegios de Psicólogos para que el Ministerio de Justicia o las Comunidades Autónomas apoyen económicamente la labor realizada por aquellos psicólogos que componen las listas para realizar peritajes.

 

Por último, deseo significar que hemos de dotarnos de instrumentos y protocolos que prevengan a nuestros colegas de ser víctimas de denuncias falsas en los procedimientos judiciales y, específicamente, en los casos de juzgados de familia, en casos de divorcio en que se dirimen muchos intereses y donde el psicólogo jurídico es interpretado, a veces, como un enemigo potencial o, en todo caso, como el eslabón más débil.

 

Desde estas páginas invito y aliento la participación de todos los colegas que deseen contactar con esta Asociación. Estamos ilusionadamente a su disposición.